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UNA DEFENSA DEL SECRETO OFICIAL A PROPÓSITO DE WIKILEAKS

Marzo 28th, 2011 fcojaviergomez No comments

La filtración de documentación clasificada por la organización mediática WikiLeaks ha puesto nuevamente sobre el tapete la insuperable tensión entre el derecho de información de los ciudadanos y la necesidad estratégica de reservar el conocimiento de determinados asuntos y materias particularmente sensibles, y evidencia la certeza del pensamiento de Alvin Toffler, para quien la implantación y desarrollo a escala global de las tecnologías de la información y las comunicaciones mueve a plantear dudas sobre la soberanía de los Estados en el sentido de que cada vez les resulta más difícil retener información dentro de sus fronteras nacionales.

Como jurista, mi principal interés en el asunto a tratar es la significación jurídica y la problemática que, en materia de seguridad, pueden suscitar los acontecimientos propiciados por WikiLeaks. Para ello, amén de seguir las noticias publicadas en la prensa escrita y on line, he tratado de bucear, con un enfoque meramente divulgativo y sintético, en el pensamiento filosófico y jurídico de los dos últimos siglos en relación al principio de transparencia y publicidad que informa la actuación de los órganos estatales y su antítesis, el denominado “secreto oficial” o “secreto de Estado”.

Desde que los plebeyos se retiraron al monte Aventino en el año 494 a.C., forzando así a los pontífices a hacer público el contenido de las leyes, la tradición jurídica e intelectual de Occidente ha sido hostil a la noción de secreto de Estado, cuyos orígenes podemos rastrear hasta las postrimerías de la Baja Edad Media y el nacimiento del Estado moderno. La sola mención del concepto es capaz de producir un sentimiento de rechazo a lo que el mismo encierra e, incluso, un lógico estremecimiento puede sacudir al lector cuando a su memoria acudan con presteza conocidos episodios históricos en los que el secreto oficial ha servido de instrumento útil para ocultar todo tipo de ilegalidades. Sin embargo, ello no debe conducirnos al olvido de la auténtica naturaleza del secreto y del objeto y finalidad a cuyo servicio está destinado.

Héroe para unos, villano para otros, Julian Assange parece haber hecho suya la conocida réplica de Jeremy Bentham, uno de los más insignes defensores de la transparencia de la cosa pública, cuando afirmó que “no intento negar que una política secreta aleja de sí a veces algunos inconvenientes; pero no dudo de que a la larga los forma en mayor número que los impide” (“Essay on Political Tactics”, 1791); y frente a la ya consolidada propensión de los Estados hacia la confidencialidad y el secreto de determinadas materias de la acción de gobierno, particularmente referida a extensas áreas de la política de seguridad y defensa del Estado, Assange opone las, tan a menudo, proféticas palabras de Émile Zola, vertidas en su célebre artículo “J’accuse” de 1898: “Cuando se sepulta la verdad bajo tierra, ésta se concentra allí y adquiere tal fuerza explosiva que hace estallar todo con ella”.

El secreto oficial se caracteriza por las notas de sigilo y reserva y se opone por ello a la transparencia y publicidad en cuanto ideales que han de regir la actividad administrativa. La transparencia es consustancial con los regímenes democráticos; su justificación se basa en el fundamental derecho de los ciudadanos a participar en el gobierno y administración de los asuntos públicos con la máxima información posible. Su control por las instancias políticas se hace inexcusable por cuanto la información de la que se disfruta modula las opiniones y decisiones de los ciudadanos en un sentido u otro. La democracia no puede sobrevivir sin opinión pública, y opinión pública es tanto opinión del público como opinión sobre asuntos públicos. Ello se traduce en una innegable necesidad de información y crítica, sin las cuales resulta imposible le exigencia de responsabilidad a quienes desempeñan funciones públicas. La prensa se erige así en un baluarte necesario que coadyuva a la realización de esta comunicación pública libre que, a su vez, posibilita el real ejercicio de la soberanía popular. El Juez del Tribunal Supremo norteamericano Potter Stewart ya afirmaba literalmente con ocasión del controvertido asunto de los papeles del Pentágono que “la prensa es libre para dar la batalla contra el secreto y la mentira en el ámbito gubernamental” (“Or of the press”, 1975). En el plano socio-político existe, por tanto, una profunda vinculación entre el principio de publicidad de las decisiones gubernamentales y los propios fundamentos de la democracia que, como forma de gobierno, excluye por principio la opacidad de las decisiones.

Pero Assange y sus partidarios también olvidan que el secreto de Estado ha pervivido en todas las democracias constitucionales como técnica jurídica asociada a la protección de la seguridad nacional, arbitrándose en todas ellas mecanismos para garantizar su preservación de injerencias externas, y que una formulación incondicionada del principio de publicidad, con eliminación total del secreto, puede poner en peligro importantes fundamentos del propio régimen democrático, como son la vida y los derechos fundamentales de sus ciudadanos e, incluso, la propia existencia del Estado que los sustenta. La escasa relevancia, en términos objetivos, de gran parte de la documentación volcada por WikiLeaks no resulta suficiente para depreciar la necesidad de mantener áreas de actividad estatal sustraídas al conocimiento de la ciudadanía. Afirma Fernández Alles (“Los secretos de Estado en España: jurisprudencia y teoría constitucional”, 1992), que “nadie medianamente informado duda de la conveniencia de una zona de actividad estatal excluida de la publicidad, porque, repetimos, se trata de una necesidad históricamente probada de la que depende la supervivencia y estabilidad del sistema político y la protección”, para a continuación señalar que “las propias exigencias de eficacia de la acción administrativa […] o la necesidad de preservar la existencia misma del Estado, en cuanto presupuesto lógico de su configuración como Estado de Derecho, pueden justificar que se impongan límites a la publicidad de la acción estatal, y que ello se encomiende al Gobierno, a quien compete la dirección de la defensa del Estado […] en los términos que fije el legislador…”.

Publicidad y secreto son, pues, conceptos antinómicos pero merecedores ambos de protección, que ha de dispensarse en un justo equilibrio que impida la ineficacia de cualquiera de ellos. Se trata en definitiva de una tensión para cuya óptima solución no resulta válido el atrincheramiento en el ocultismo ni tampoco los postulados románticos en defensa de una transparencia ingenua. Citando a Carlos Herrera, “está bien desear un mundo idílico, seguro y armonioso, pero eso no siempre casa con la naturaleza del hombre”. El resultado ideal a alcanzar debería ser el punto crítico y objetivo de equilibrio entre la transparencia como norma general y el imprescindible secreto en determinados casos y asuntos concretos. Todo ello con objeto de evitar que, en aras de una pretendida defensa de la seguridad estatal, se impongan medidas arbitrarias que restrinjan, más allá de lo razonable y de lo constitucionalmente admisible, el ejercicio de dos derechos fundamentales esenciales como son la libertad de expresión y el derecho de información, socavando precisamente uno de los pilares esenciales de ese modelo de Estado que se pretende defender. Sólo una armónica combinación de ambos elementos posibilitará la pervivencia de la moderna sociedad democrática y garantizará la paz interior y exterior y el libre disfrute de los derechos y libertades fundamentales pues, como concluye Otero González (“La revelación del secreto de Estado en los procedimientos penales”, 2000), “lo que resulta incompatible con la democracia no es que haya secretos, sino que estos escapen a la ley”.